¿BAHIAGATE?: LOS ILÍCITOS DEL SUR
El 8 de marzo de 1988 el por entonces intendente de la ciudad, Juan Carlos Cabirón, alertó sobre los "malos olores” que llegaban desde Tierra del Fuego.
Y se desató un gran escándalo que, incluso llegó a tener proyección nacional.
A partir del 6 de abril, de aquel mismo año, comenzó a intervenir la justicia investigando operaciones de exportación --presuntamente fraudulentas-- que se generaron en el área aduanera de Tierra del Fuego, al amparo de la ley 19.640.
Lo que sigue es lo que pasó...
Los inicios:
La prensa de aquel entonces rotuló lo sucedido como "Los ilícitos del sur".
Ocho años después del inicio de la causa, la justicia condenó al ex funcionario aduanero Eduardo Manuel de Dios (a 11 años de cárcel); al comerciante Aníbal Oscar Domínguez (a 6 años); al contador Reinaldo Marcelo Solucio (a 5 años y medio); y a Roberto Eduardo Bisso (a 3 años y medio).
En todos los casos por asociación ilícita en concurso real y defraudación a la administración pública.
También declaró la inconstitucionalidad de la ley 19.640.
Los defensores de los imputados cuestionaron la validez constitucional y, como era de esperar, interpusieron recursos extraordinarios que fueron declarados improcedentes por el alto tribunal.
Así se dictó las capturas de los imputados que purgaron, parcialmente en prisión, las condenas.
Crónicas de aquella época señalaron que, en la maniobra fraudulenta, se encontraban involucrados funcionarios de la administración pública, empresas nacionales, y --también-- algunas firmas muy… pero muy importantes de nuestra ciudad.
Pero la sospecha --generalizada por aquellos días-- es que los que habían caído eran "simples perejiles".
La historia:
El 8 de marzo de 1988 una asamblea de la UCR sirvió para que el entonces intendente, Juan Carlos Cabirón, alertara sobre lo que estaba sucediendo.
Lo cierto es que, el tema, ya era "vox populi" y lo que señaló Cabirón fue que "nadie se hacía cargo de lo que estaba ocurriendo".
¿Y qué había pasado? Simplemente que, al amparo de una norma promocional, toda mercadería que se vendía en Tierra del Fuego recibía un reintegro --a costa del Estado-- del 35% del monto de la operación.
El ilícito radicaba en que, los cargamentos enviados a la isla --muchos de ellos desde nuestra ciudad y transitando por la ruta 3-- no llegaban a destino. Y, los que llegaban, eran sobrefacturados para que la ganancia ilícita fuera mayor.
Para entonces una firma fueguina, fantasma o inexistente, había realizado la recepción que habilitaba los reintegros.
Al día siguiente de la denuncia informal, el doctor Cabirón ofreció una conferencia de prensa asegurando que "en Bahía Blanca estamos cansados de tanta podredumbre".
Fuerzas vivas adhirieron al jefe comunal, quien aseguró que "en la aniquilación de los ilícitos está la única posibilidad de despegue que tiene el país".
Las primeras investigaciones demostraron que, la isla de Tierra del Fuego, "debía estar totalmente techada" teniendo en cuenta todos los galpones que habían sido enviados.
Además de ex funcionarios aduaneros, la justicia Federal procesó a empresarios nacionales y también a varios locales que no "zafaron" del "manI pulite".
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| Intendente Juan Carlos Cabirón |
Y se desató un gran escándalo que, incluso llegó a tener proyección nacional.
A partir del 6 de abril, de aquel mismo año, comenzó a intervenir la justicia investigando operaciones de exportación --presuntamente fraudulentas-- que se generaron en el área aduanera de Tierra del Fuego, al amparo de la ley 19.640.
Lo que sigue es lo que pasó...
Los inicios:
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| Titular de "La Nueva Provincia" |
Ocho años después del inicio de la causa, la justicia condenó al ex funcionario aduanero Eduardo Manuel de Dios (a 11 años de cárcel); al comerciante Aníbal Oscar Domínguez (a 6 años); al contador Reinaldo Marcelo Solucio (a 5 años y medio); y a Roberto Eduardo Bisso (a 3 años y medio).
En todos los casos por asociación ilícita en concurso real y defraudación a la administración pública.
También declaró la inconstitucionalidad de la ley 19.640.
Los defensores de los imputados cuestionaron la validez constitucional y, como era de esperar, interpusieron recursos extraordinarios que fueron declarados improcedentes por el alto tribunal.
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| La aduana de Tierra del Fuego |
Crónicas de aquella época señalaron que, en la maniobra fraudulenta, se encontraban involucrados funcionarios de la administración pública, empresas nacionales, y --también-- algunas firmas muy… pero muy importantes de nuestra ciudad.
Pero la sospecha --generalizada por aquellos días-- es que los que habían caído eran "simples perejiles".
La historia:
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| La isla de la discordia |
Lo cierto es que, el tema, ya era "vox populi" y lo que señaló Cabirón fue que "nadie se hacía cargo de lo que estaba ocurriendo".
¿Y qué había pasado? Simplemente que, al amparo de una norma promocional, toda mercadería que se vendía en Tierra del Fuego recibía un reintegro --a costa del Estado-- del 35% del monto de la operación.
El ilícito radicaba en que, los cargamentos enviados a la isla --muchos de ellos desde nuestra ciudad y transitando por la ruta 3-- no llegaban a destino. Y, los que llegaban, eran sobrefacturados para que la ganancia ilícita fuera mayor.
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| La ruta del escándalo |
Al día siguiente de la denuncia informal, el doctor Cabirón ofreció una conferencia de prensa asegurando que "en Bahía Blanca estamos cansados de tanta podredumbre".
Fuerzas vivas adhirieron al jefe comunal, quien aseguró que "en la aniquilación de los ilícitos está la única posibilidad de despegue que tiene el país".
Las primeras investigaciones demostraron que, la isla de Tierra del Fuego, "debía estar totalmente techada" teniendo en cuenta todos los galpones que habían sido enviados.
Además de ex funcionarios aduaneros, la justicia Federal procesó a empresarios nacionales y también a varios locales que no "zafaron" del "manI pulite".
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